Conferencia Episcopal
La mayoría de los obispos no se han pronunciado, algunos han mostrado públicamente su apoyo, y otros, en privado, muestran reticencias
16/01/26 | Javier Arias
El pasado 8 de enero, la Conferencia Episcopal Española y la Confederación de religiosos españoles (CONFER) acordaron con el Gobierno abrir una vía a través del Defensor del Pueblo para las personas víctimas de abusos que no deseen acudir directamente a la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia.
- Omella, Roselló y Joseba Segura apoyan
- Puntualizaciones de Munilla
- Falta de unidad en el episcopado
- Desconfianza de Sanz Montes
Acuerdo entre la Iglesia española y el Gobierno
para atender la reparación de víctimas de abusos sexuales
a través del Defensor del Pueblo.
Rueda de Prensa Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego.
Desde la firma del acuerdo, algunos obispos han salido públicamente a bendecir el pacto con el Gobierno.
En paralelo, el presidente del Gobierno ya ha recibido a los representantes de asociaciones de víctimas.
Omella, Roselló y Joseba Segura apoyan
Uno de los primeros en otorgar su aval fue el arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, que, a través de un comunicado publicado en la página web del arzobispado, valoró positivamente el pacto con el Gobierno.
También lo hizo el arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló, quien subrayó que “la atención a las víctimas no empieza ahora”. Según explicó, en Navarra ya se ha reparado a víctimas, tanto de la diócesis como de órdenes religiosas, fruto de un trabajo prolongado en el tiempo.
Otro obispo del norte de España, el de Bilbao, Joseba Segura, lo calificó de una «decisión razonable». Señaló que atender a las víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo supone un paso "razonable" e "importante". En declaraciones tras la rúbrica del protocolo, el prelado bilbaíno destacó el "esfuerzo serio" de la Iglesia con su comisión PRIVA y subrayó que la Iglesia está aprendiendo, mejorando e "intentando hacer bien las cosas".
Puntualizaciones de Munilla
A través de las redes sociales, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, formuló siete precisiones respecto al acuerdo. Remarcó que “la Iglesia es la única institución en España que ha extendido la reparación a las víctimas por abusos más allá de lo prescrito por las leyes”.
Destacó como éxitos de la negociación que la Iglesia “ha conseguido que el Gobierno de España se comprometa a abordar la reparación de los abusos en el resto de los ámbitos de la sociedad española”, y “el compromiso del Gobierno de España para que las reparaciones económicas que reciben las víctimas estén exentas del Impuesto sobre la Renta”.
No pasó por alto que “el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Sr. Bolaños, ha deformado abiertamente el contenido del mismo, llegando a realizar afirmaciones falsas”.
Falta de unidad en el episcopado
Aunque la mayoría de los obispos españoles no se han pronunciado públicamente sobre el acuerdo con el Gobierno, Religión Confidencial ha podido saber de fuentes autorizadas del episcopado español que no todos los prelados están de acuerdo con el pacto.
Un importante obispo ha comentado a RC que “algunos (y no somos pocos) vemos una especie de dejación, de rendición ante un trágala con el que no podemos estar de acuerdo”.
La realidad es que el pacto no cuenta con el apoyo unánime de los obispos españoles y otros cargos de la Conferencia Episcopal Española.
Desconfianza de Sanz Montes
La voz más crítica ha sido la del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. En un artículo de publicado en ABC, ha escrito que “a no pocos les ha sorprendido este ajuste en el que el Gobierno marca el precio, selectivamente señala al pagador, tomando como árbitro al Defensor del Pueblo (sólo de una parte del pueblo, no de todos)”.
Para Sanz Montes, “estamos de nuevo ante un arma de distracción masiva en un momento en el que ellos necesitan sacar cualquier conejo de su chistera para llamar la atención disuasoriamente”.
Estas palabras del prelado franciscano han provocado que algunas asociaciones de víctimas pidan públicamente su defenestración.
