Un ministerio y la intolerable lista de periodistas y su ideología
Miguel del Río | 21.09.2026
El Ministerio del Interior, dirigido por un exjuez, tiene elaborada una lista ideológica de periodistas y tertulianos. Todo se termina sabiendo y la prensa ha publicado esta aberración, que nos introduce en otra lista, la del acecho a la libertad de opinión. Cuando un país no funciona, esa verdad incómoda al poder. Y la obligación de la profesión periodística es contar lo que pasa. No se puede hurtar al ciudadano que no haya nunca presupuestos, que no ha pasado nada en Valencia, Adamuz o Ceuta, con una invasión de inmigrantes ilegales desde Marruecos. Querer callar al mensajero es una de las acciones habituales de todo mal Gobierno.
Vivimos una era donde mucho de lo digital no es otra cosa que acopiar la mayor información posible sobre los ciudadanos. Con datos se hacen los Gobiernos, Administraciones, banca, multinacionales, empresas y también entidades de lo más diverso. Si algo diferencia a las democracias de las dictaduras es precisamente la protección de esos datos, su privacidad, y la seguridad y garantía de confidencialidad de tan colosal información. Por eso cuando dentro de la Unión Europea se conoce que el Gobierno de uno de sus países socios maneja una lista de periodistas y tertulianos, catalogados por su ideología política y las opiniones que vierten sobre el poder establecido, ese país solo puede ser la España actual.
Seamos realistas, la libertad de pensamiento y opinión siempre están en el punto de mira de quienes gobiernan. La polarización política existente, mayormente potenciada porque interesa, crea una división social en defensa o crítica de actuaciones políticas, gubernamentales, y los personajes que las protagonizan. Los gabinetes de prensa siguen siendo necesarios a la hora de proporcionar información o contrarrestar la no favorable. Pero ahora hay que amoldarse a diferentes correveidiles nacidos al albor de las redes sociales. Ya no podemos limitarnos a tachar de trolls a faltones y provocadores, por lo que conviene precisar el quién es quién y a lo que se dedica dentro de Internet. Así, están los stans, que defienden a un personaje a toda costa, diga lo que diga o haga lo que haga. Los militantes digitales son grupos organizados dedicados a contrarrestar informaciones o valoraciones sobre un personaje concreto. Su día es estar pegados a una pantalla, para ver quien arremete con aquel que defienden por ideología o contrato de trabajo, por el que una empresa o persona responde mensajes y publica otros favorables (Social Media, el estratega, y el Community Manager, el ejecutor).
De esto a que todo un Ministerio del Interior elabore internamente un dossier de 54 folios, con fichas de 280 periodistas y tertulianos que contienen su ideología y posición frente al Gobierno, resulta un salto imperdonable hacia lo intolerable e intolerante. Da igual que los especímenes citados de las redes o medios salgan a defender el hecho o al personaje que lo ha propiciado. A fin de cuentas, la libertad de expresión existe para algo. Aunque aquí se da el caso de que la parte principal que más debe defenderla y protegerla, con mandato de la mismísima Constitución, es quien la ataca y busca su destrucción. Por supuesto, nadie se digna dimitir.
Se aplique hoy en mayor o menor medida, por el cambio drástico que Internet ha supuesto en los medios, también las redes sociales, y una dependencia brutal de la publicidad institucional que otorgan Gobiernos y Administraciones, los periodistas seguimos teniendo un código deontológico a cumplir. Estipula determinadas actuaciones que vienen al caso por lo perpetrado dentro de todo un Ministerio del Interior, que es precisamente el que más ha de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, no perdiendo el tiempo en dossiers sobre periodistas y tertulianos.
Una premisa de ese código es que “La libertad de información pertenece a los ciudadanos y el periodismo se justifica para hacerla efectiva propiciando una opinión pública libre, en una sociedad abierta, pluralista y democrática”. Lo más importante se recoge en su artículo dos, en la obligación que tenemos los periodistas de recordárselo permanentemente al poder, mediante la fiscalización constante que debemos hacer de sus actos, decisiones, y comportamientos ante el dinero y los recursos públicos: “El periodismo investiga, fiscaliza y exige rendir cuentas a quienes ejercen poder. El periodismo verifica (frente a la desinformación), contextualiza (ante la fragmentación), jerarquiza (ante la indiferencia y el relativismo) y aporta sentido (frente a la confusión). Así obtiene credibilidad, fortalece la calidad de la democracia, la convivencia y el respeto mutuo. La tarea del periodismo es contrastar afirmaciones y hechos, investigar su origen y evitar mentiras y bulos”.
Mencionando simplemente estos dos apartados se entiende perfectamente lo que viene sucediendo en España. En este país la culpa la tiene siempre el discrepante, y se espera que la ciudadanía trague con el discurso oficial, lleno de relatos manipulados para cada una de las situaciones calamitosas constantes que surgen. Está pasando ahora con la desinformación relativa a lo acontecido en Ceuta. Precisamente es el Ministerio del Interior el que se ve inmerso en no pocas críticas que conlleva la mala actuación del Gobierno al respecto. ¿Tiene razón el Ejecutivo en su tesis de que Marruecos no es invasor, sino país amigo? Habrá muchos ciudadanos que compren semejante idea, y están en su pleno derecho. El problema viene cuando esta libertad de opinión no es respetada por alguna de las partes, y hacer un dossier sobre relevantes periodistas españoles que escriben en periódicos, salen por la tele y hablan en la radio, anotando su ideología, es demostrar la pasta de la que está hecho este poder, que no acepta la más mínima crítica a sus desatinos, y tampoco nadie dimite por ellos.
Miguel del Río